El secreto bancario es uno de los pilares más antiguos del sistema financiero moderno. Su propósito es simple, pero fundamental: proteger la información de cada cliente, desde los movimientos de sus cuentas hasta el detalle de sus depósitos. Esta reserva no solo resguarda la vida privada de las personas, sino que también sostiene la confianza en el funcionamiento de los bancos.

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Sin embargo, pese a su importancia, no es un derecho absoluto. La legislación chilena reconoce que, en determinados casos, puede levantarse para permitir que el Estado investigue ciertos delitos o supervise obligaciones tributarias.

Secreto bancario: ¿Cuál es la realidad del país?

Los bancos están obligados a mantener en estricta confidencialidad todos los datos de sus clientes.

La regla es clara: ninguna entidad financiera puede revelar información a terceros sin una causa legalmente justificada. Este estándar protege la intimidad y otorga seguridad jurídica a quienes mantienen cuentas o realizan operaciones bancarias. Pero existen situaciones excepcionales en las que la ley permite romper esa barrera. Es el caso de:

  • Investigaciones penales ligadas al lavado de dinero.
  • El crimen organizado.
  • Delitos económicos
  • Requerimientos vinculados al cumplimiento tributario.

Cuando se activa alguna de estas excepciones, el acceso a los datos no es libre ni automático. Solo puede realizarse bajo procedimientos estrictamente regulados.

Autoridades como los tribunales, la Unidad de Análisis Financiero o el Servicio de Impuestos Internos pueden solicitar información específica, siempre justificando la necesidad y respetando las garantías de cada persona. Este modelo busca mantener un equilibrio entre el derecho a la privacidad y el interés público de perseguir delitos o evitar la evasión fiscal.

Qué es el secreto bancario de las entidades financieras

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