La Reorganización Judicial es una herramienta legal pensada para empresas que enfrentan dificultades económicas, pero que aún pueden ser viables si reestructuran sus deudas. Este procedimiento se tramita ante un tribunal civil y tiene como objetivo principal evitar la quiebra.
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¿De qué se trata la reorganización judicial?
Permite que la empresa deudora proponga un acuerdo con sus acreedores, reorganizando la forma en que pagará sus obligaciones. Si se aprueba, ese plan se vuelve obligatorio para todas las partes. Todo esto es supervisado por un veedor, un experto designado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que se encarga de que el plan se cumpla.
Para acceder a esta figura, se debe ser una empresa, ya sea persona jurídica o persona natural que tribute en Primera o Segunda Categoría (EIRL, SpA, sociedades de responsabilidad limitada y otros tipos). Es una alternativa real para quienes buscan continuar con su negocio sin caer en insolvencia total.
Uno de sus grandes beneficios es la llamada Protección Financiera Concursal. Esta impide que los acreedores soliciten la quiebra, inicien juicios de cobro o resuelvan contratos por el solo hecho de que la empresa esté reorganizándose. Este escudo legal dura 30 días, prorrogables hasta 90 si los acreedores lo aprueban.
Sin embargo, no todo es positivo
La reorganización tiene costos elevados. El abogado, el veedor e interventor, puede salir caro, pues su trabajo puede extenderse por un año. Además, si el plan fracasa, la consecuencia directa es la quiebra. Es un camino arriesgado, pero en muchos casos, puede ser la única opción para salvar la empresa.
Este procedimiento se inicia con una solicitud ante el tribunal, acompañada de antecedentes financieros. Luego, se convoca a una junta de acreedores, donde se discute la propuesta. Si la mayoría la aprueba, se transforma en un acuerdo obligatorio.
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